02/09/2010. El primer semestre de 1936 fue un momento crítico en las relaciones bilaterales entre España y Francia, el país con el que la República española mantenía un mayor vínculo debido a la similitud de regímenes e ideologías de ambos gobiernos, inspirados en el Frente Popular.

Este periodo, durante el que se configuran las causas y factores que dieron origen al estallido de la Guerra Civil, ha sido el objeto de estudio de la tesis realizada por Isidoro Monje Gil, dirigida por el profesor de la Universidad de Extremadura, Enrique Moradiellos García, calificada con Sobresaliente Cum Laude. En este contexto, la relación con Francia se perfila como la actuación política más importante del gobierno frentepopulista español.

Abandono francés y británico

La investigación demuestra que el gobierno frentepopulista francés desechó la idea inicial de auxiliar a la República española frene a la sublevación insurgente, ante el temor de ser abandonado por su aliado británico y originar un conflicto civil interno que rompiera la coalición de gobierno que acabada de formar.

Isidoro Monje Gil señala en su trabajo que esta política de apaciguamiento británica, resignadamente aceptada por los franceses, se mostró como una estrategia diplomática para evitar el conflicto europeo generalizado con las potencias nazi-fascistas, “sin embargo, lo que para los británicos constituía una doctrina político estratégica consecuentemente ejercitada, para los franceses se reveló como una verdadera manifestación de debilidad”. Así, se impuso un embargo de armas colectivo a sabiendas de que estaba siendo saboteado sistemáticamente por Italia y Alemania, que suministraban al bando franquista.

La ayuda solicitada por la República estaba en consonancia con el derecho internacional que autorizaba el socorro a un gobierno legalmente constituido, sorprendido por una rebelión. Además, existía un acuerdo comercial con Francia que incluía una cláusula secreta para abastecer de material militar a España. Por ello, la política de no intervención de Francia creó desigualdades en los apoyos recibidos por uno y otro bando en conflicto, ya que privó al régimen republicano de su derecho legal como gobierno legítimo de procurarse armas. “El gobierno republicano español quedó maniatado estratégica y tácticamente por la propuesta franco-británico” apunta Monje.

El investigador concluye que “con esta política de no intervención, las democracias en gran medida sacrificaron a la República española. Los líderes democráticos se engañaron a sí mismos infravalorando la importancia de las ideologías”.

Para la elaboración de la tesis, Isidoro Monje ha consultado el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación español, el Archivo Histórico Nacional, el Archivo General de la Administración que se encuentra en Alcalá de Henares y la Biblioteca Nacional de Madrid. Durante la investigación, también ha acudido a fuentes francesas como el Archivo Diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores de Quai d´Orsay de París y su anexo en la ciudad de Nantes.

http://www.larepublica.es/spip.php?article21197

El Futuro es Tricolor

Según informa el diario El Mundo en su edidicón de hoy, el subgobernador del Banco de España, Javier Ariztegui confirmó ayer, a puerta cerrada, en el Congreso de los Diputados que desde el órgano emisor se ha enviado ya al fiscal general del Estado un informe sobre algunas operaciones efectuadas por CCM con Juan Pedro Hernandez Moltó al frene y que pueden ser constitutivas de delito penal. Según estas informaciones, Ariztegui habría señalado que durante la gestión de Moltó se superaron muchos límites como el de la concentración de riesgos e incluso se asignaron créditos a titulares que no eran reales.

La Fundación que no nace. Además, según estas mismas informaciones, Ariztegui desveló que se ha rechazado la inscripción de la Fundación CCM lo que viene a obstaculizar el proceso de fusión de CCM con Cajastur.

Por su parte, en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, la protavoz del ejecutivo regional Isabel Rodríguez ha señalado que la remisión a la Fiscalía de este informe es ”absolutamente normal”, y ha señalado que ”cada vez que el Banco de España inicia cualquier trámite de inspección en una entidad financiera trabaja un documento que remite de manera ordinaria a la Fiscalía” y ha añadido que en loq ue se conoce de las conclusiones del Banco de España “sólo se han apreciado responsabilidades administrativas que, por cierto, se han impuesto a todos, tanto a quienes representaban al PP como al PSOE”.

Respecto a los problemas en el registro de la Fundación, Rodriguez ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad asegurando que “no existen problemas” y que ”se van a cumplir los plazos” para que la entidad comience a funcionar.

http://www.vocesdecuenca.com/frontend/voces/CCM-Podria-Haber-Realizado-Operaciones-Delictivas-En-La-Epoca-De-Molto-vn6954-vst352

Mientras en España, los poderes franquistas siguen enquistados en lo más profundo del ordenamiento jurídico, impidiendo cualquier intento de hacer pagar a los responsables de los crímenes franquistas por las atrocidades cometidas, un rayo de luz se ha abierto para las víctimas allende los mares, en un país, Argentina, que los jueces franquistas españoles, así como sus apoyos políticos y diplomáticos, no pueden controlar, por más que lo hayan intentado de todas las maneras posibles. Comienza ahora un largo camino que, esperemos, antes o después, acabe teniendo su reflejo en los propios tribunales españoles.

Argentina comenzará a investigar los crímenes del franquismo aplicando el principio de justicia universal. La Sala IIª de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal Federal desestimó ayer un dictamen de la jueza María Servini de Cubría, que en mayo de 2010 había rechazado una demanda presentada por familiares de víctimas del franquismo para investigar esos crímenes.

Hace dos meses la jueza federal María Servini de Cubría había archivado la querella, presentada en abril por familiares de españoles víctimas del franquismo, siguiendo la recomendación del fiscal que argumentó que el caso estaba siendo investigado en España.

La Sala IIª de la Cámara Nacional de Apelaciones anula de este modo un fallo que había desestimado una denuncia de familiares de víctimas, al tiempo que dispone que se libre un exhorto por vía diplomática al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para determinar si en España existen proceso abiertos por los casos denunciados, indicó el oficial Centro de Información Judicial (CIJ).

Dicho pedido está contenido en el pronunciamiento de los miembros del tribunal, Horacio Cattani y Martín Irurzum referido a la denuncia que efectuaron un sobreviviente y la nieta de una de las víctimas del franquismo, a la que adhirieron decenas de damnificados por el régimen que gobernó por cuatro décadas a partir de la Guerra Civil española.

En el mismo pronunciamiento, el tribunal argentino declaró la nulidad de la resolución de Servini de Cubría “por carecer de fundamentación y de sustento en el ordenamiento procesal vigente“. Además, advirtió que el fiscal de la causa, quien se pronunció por la desestimación de la denuncia habría constatado “por internet” que en España existen causas abiertas “con idéntico objeto“, método éste que no garantiza “el derecho a la tutela judicial efectiva“. “La primera razón por la que un Estado debe perseguir un delito, es la necesidad de dar cumplimiento a su obligación de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas“, sentenció la Cámara argentina.

En su momento, el fiscal Federico Delgado sostuvo que “es innegable que los crímenes del franquismo constituyen delitos de lesa humanidad y, en consecuencia, el reclamo de quienes pretenden una investigación en la Argentina está amparado en altísimas razones de justicia sustantiva”, pero se negó a impulsar una causa por entender que había otra pesquisa similar en España. “Iniciar un proceso en la República Argentina equivaldría a utilizar un camino ilegal para remediar una ilegalidad mayor“, opinó en su momento el fiscal.

Por unanimidad, el tribunal entendió, pues, necesario “repara el error” de Servini de Cubría y volvió a activar la investigación que busca determinar si existió “un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de su eliminación física llevado a cabo en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977“.

Las víctimas, muy satisfechas con la decisión

Las asociaciones de recuperación de la memoria histórica y de familiares de víctimas han expresado hoy a Efe su gran satisfacción por la decisión de la Justicia argentina de reabrir la investigación sobre los crímenes del franquismo. En España «no se está investigando», ha recalcado Santiago Macías, vicepresidente de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), quien ha criticado la actuación de los jueces españoles en estos casos, a quienes ha acusado de «prevaricar». «Es muy grave que los jueces no están cumpliendo la ley a sabiendas», ha señalado Macías quien ha asegurado que, salvo contadas excepciones, cuando desde las asociaciones ponen en conocimiento de la Justicia el hallazgo de fosas «dictan el sobreseimiento sin ver los restos».

Por su parte, la Plataforma contra la impunidad del franquismo ha calificado de «lamentable paradoja» que España, ejemplo del desarrollo del derecho internacional y de investigaciones sobre genocidio en otros países, tenga que recurrir a la Justicia extranjera para este asunto. Desde esta plataforma se confía en que la respuesta del Gobierno a la petición de la Justicia argentina para que informe sobre si se está investigando en España al respecto sea «honesta».

Además, según ha indicado el presidente de la Asociación de Memoria Social y Democrática (Amesde), Jaime Ruiz, no hay ninguna incompatibilidad entre lo que pudieran llevar a cabo los Juzgados territoriales y lo que investigue la Justicia argentina. Para Jaime Ruiz, la decisión del tribunal de apelaciones de Buenos Aires es «acertada» y favorece a la Justicia universal.

http://www.kaosenlared.net/noticia/argentina-si-investigara-genocidio-franquista

Desde Cuenca Laica, integrada en la organización estatal Europa Laica, se ha denunciado la publicación de un nuevo decreto por parte del gobierno regional para conceder 656.000 euros a los obispados de Cuenca, Ciudad Real, Sigüenza – Guadalajara y Toledo destinados a la rehabilitación de seis templos pertenecientes a esta confesión religiosa y que viene a sumarse a los más de 65 millones de euros que han salido de las arcas públicas de Castilla-La Mancha en virtud de un convenio firmado en el año 1986 por el entonces presidente José Bono Martínez.

“Sorprende que estas subvenciones se hagan a cargo del presupuesto del año 2011 tal y como figura en la base 6.1 del decreto referido, imputándose a una aplicación presupuestaria todavía no debatida ni aprobada por los órganos competentes. Deberían de actuar con más precaución y prevención a
tenor de la difícil situación económica que arrastra la administración regional que encabeza el Sr. Barreda”, aconsejaron desde Cuenca Laica.

Desde Europa Laica afirman que se debe invertir “en la rehabilitación y conservación del patrimonio cultural, histórico, documental, etc. que nos pertenece a todos los castellano manchegos y es herencia de nuestro pasado. Pero no entendemos que se vuelquen tantos esfuerzos con una organización confesional que dispone de suficiente patrimonio y recursos económicos para afrontar el mantenimiento de sus templos; a menos que de su enorme patrimonio se transfiera parte del mismo al Estado”, defendieron desde la organización laica.

Consideran también que la iglesia católica ya está siendo bastante beneficiada desde un punto económico y fiscal por parte de las administraciones públicas (central, autonómicas, provinciales y locales) para que encima se les ayude con más subvenciones.  “Solo el año 2008, últimas cifras conocidas, esta aportación se elevó a más de 8.000 millones de euros”, apuntaron desde Cuenca Laica. Además comentaron que son cantidades desorbitadas y fuera de control y la transparencia exigible a cualquier otra organización o asociación o entidad que recibe alguna subvención por parte de la administración pública”. Añaden además que es “un agravio comparativo con muchas asociaciones, colectivos, y también Ayuntamientos, que han visto muy reducida las colaboraciones de la Junta de Comunidades para la realización de actividades de tipo cultural, deportivo o social”, y recuerdan que “la situación de algunos ayuntamientos es asfixiante por que se está retrasando mucho el ingreso de las aportaciones a convenios firmados con la administración regional para afrontar servicios a los ciudadanos que no son competencia suya”.

En relación al decreto señalado dijeron que “es curioso que una de las primeras cosas que ha hecho el presidente Barreda al volver de sus vacaciones ha sido no olvidarse de la iglesia católica”. Y han recordado que el Estado tiene carácter aconfesional tal y como marca la Constitución de 1978, hecho que vulneran los acuerdos alcanzados con la santa Sede en 1979 y que en materia de patrimonio se trasladó al acuerdo vigente en Castilla-La Mancha.

Respecto a uno de los requisitos que recoge el decreto 203/2010, de 31 de agosto, es que los beneficiarios dispongan de “un plan de prevención de riesgos laborales y que no hayan sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud de subvención”. Han recordado desde Cuenca Laica el accidente que costó la vida de un trabajador, vecino de Belmonte, en el mes de enero cuando se encontraba trabajando en las obras de restauración de la iglesia parroquial del municipio ciudadrealeño de Pedro Muñoz.

http://www.vocesdecuenca.com/frontend/voces/Cuenca-Laica-Critica-Las-Continuar-Donaciones-Y-Subvenciones-Que-Recibe-La-Iglesia-En-CLM-vn6887-vst80

Estas son las ideas en la que se basa la iniciativa GANE:

1º - Defender la 3º Republica es un derecho. Son aspiraciones democráticas lícitas y dignas de protección de acuerdo con los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que nuestro país es parte.
En cumplimiento del derecho a la libertad de expresión y opinión es obligación de las instituciones del estado garantizar que puedan ser solicitadas públicamente.

2º - Los pueblos de España tienen derecho a elegir de forma democrática su forma de Estado y de Gobierno.

3º - Mostrar públicamente la bandera tricolor es un derecho democrático de todos los ciudadanos y las ciudadanas en el ejercicio de la memoria histórica y del reconocimiento a quienes dieron la vida en defensa de la democracia y la libertad.

4º - Defender la 3ª Republica es una apuesta por la esperanza de quienes sufrimos los rigores de la explotación, la precariedad, el paro y la exclusión social.

Desde las Juventudes Comunistas de Castilla y León exigimos la libre absolución de los jóvenes detenidos por mostrar la bandera de la Republica y reclamamos el esclarecimiento de las circunstancias en las que se produjo su detención y el trato vejatorio recibido durante la misma.

Puedes encontrar más información y colaborar en: www.ganelatercera.org

http://www.kaosenlared.net/noticia/contra-represion-movimiento-republicano

Cada vez son menos los escolares que se matriculan en religión, a pesar de la fuerte presión de los obispados y de los equipos directivos de algunos centros escolares. Según los últimos cinco informes del Consejo Escolar del Estado, más del 60% del alumnado de la enseñanza no universitaria de la escuela pública no está matriculado en religión en el conjunto del Estado. Y cada curso que pasa crece el número de alumnos que no solicitan religión.

A unos días del inicio de curso escolar, y para evitar la vulneración de derechos de alumnado, profesorado, padres y madres, Europa Laica está dando a conocer las siguientes recomendaciones:

- En el momento de hacer la matrícula, en cualquier tipo de centro, nadie está obligado a responder, en el impreso correspondiente, si desea o no que su hijo o hija curse religión. En caso de no responderse, por defecto el centro está obligado a no matricular al menor en esta asignatura. Consideramos que tal consulta vulnera el artículo 16.2 de la Constitución española.

- Ningún alumno o alumna está obligado a asistir a clase de religión en cualquier centro público o privado. Por lo tanto, cualquier maniobra del centro que suponga una imposición con amenazas más o menos veladas, estigmatización o segregación supone una vulneración de derechos básicos de ciudadanía, que en algunos casos pueden ser constitutivos de delito.

 En el caso de que se decida que un escolar asista al inicio de curso a religión, hay que dejar muy claro que un alumno o alumna en cualquier momento del curso puede decidir la no asistencia a religión, sin que le suponga ningún tipo de problema.

- La impartición de la religión en los centros de enseñanza, que Europa Laica rechaza, en ningún caso supondrá la segregación, la estigmatización o la falta de atención al alumnado que no asista a religión. Los centros tienen el deber de organizar los horarios lectivos priorizando las áreas comunes, sin que la religión interrumpa el normal funcionamiento de los centros, al ser una materia voluntaria y no formar parte del currículo general, por lo que no debe disponer de departamento o equipararse organizativamente a otra área común.

Europa Laica hace estas recomendaciones para evitar situaciones como las denunciadas por muchos padres-madres y profesorado el curso escolar pasado, que suponían una grave vulneración del derecho a la libertad de conciencia en centros de titularidad pública y, sobre todo, en privados católicos financiados con fondos públicos. Estas denuncias están relacionadas con la presencia de simbología religiosa y, sobre todo, con la estigmatización y segregación que algunos alumnos y alumnas sufren a causa de sus convicciones y creencias, un hecho muy grave por tratarse de niños y adolescentes.

Europa Laica, junto a otras muchas organizaciones del estado español, viene reclamando de los poderes públicos que la enseñanza de la moral y doctrina católica o de otras religiones no se desarrolle en el ámbito escolar, además de que no se financien con fondos públicos centros con ideario religioso o de otra naturaleza ideológica.

En el marco de la presentación de la campaña “Por un trabajo digno contra la explotación laboral”, UGT ha ofrecido datos de la economía sumergida, que en verano puede duplicar a la de los meses de invierno en lo que a empleo se refiere. Con el desplome de la actividad en la construcción, ahora la hostelería y el campo arrojan cifras inadmisibles en empleo irregular.

Beatriz Osma, técnico de la secretaría de empleo de UGT Castilla-La Mancha, ha  presentado un estudio del sindicato que coloca en 250.000 el número de trabajadores sin dar de alta y sin contrato en la región.

Por su parte, Germán Cuadros, secretario provincial de UGT en Cuenca ha cifrado el empleo sumergido en Cuenca en cantidades que van desde los 10.000 en invierno hasta los 20.000 trabajadores en verano. Un dato insoportable en una provincia con una media de 100.000 trabajadores en el último año y un paro oficial en el mes de julio de 14.950 trabajadores.

El sindicato cree que el prestigio internacional de diversas denominaciones de origen que se producen en esta provincia, así como el alto valor medioambiental como factor de atracción turística, deben ir acompañados inexorablemente del mismo prestigio en cuanto a la calidad en el empleo. UGT está poniendo permanentemente en conocimiento de las autoridades competentes en la materia las diversas situaciones observadas como irregulares. Y lo hace sin pretender criminalizar a las patronales agrarias ni usar la denuncia como herramienta sindical sin más. No en vano, esta campaña pretende promover una acción conjunta de la Inspección de Trabajo, la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo, la Fiscalía, la Policía Nacional, la Guardia Civil, las organizaciones agrarias y los sindicatos.

UGT lamenta que la reforma laboral promovida por el Gobierno Central no aporte nada frente a la explotación de trabajadores ni dignifique el empleo. Por ello, esta campaña es una acción más en el conjunto de las emprendidas por el sindicato de cara a la huelga general del 29 de septiembre.

http://www.vocesdecuenca.com/frontend/voces/UGT-Cifra-En-20-000-Los-Trabajadores–en-Negro–En-La-Provincia-De-Cuenca-vn6843-vst7