Ciudadanos por la republica

El embajador alemán en España en 1981, Lothar Lahn, aseguró en un informe de la época que el rey Juan Carlos I, frente al intento de golpe de Estado del 23-F, “no mostró ni desprecio ni indignación frente a los actores, es más, mostró comprensión, cuando no simpatía“.

Lo ha revelado hoy el semanario alemán Der Spiegel, que ha publicado un informe desclasificado por el ministerio germano de Exteriores y que fue enviado por Lahn.

El semanario alemán señala que el embajador de Alemania en España entre 1977 y 1982, y fallecido en 1994, mantuvo una conversación de carácter privado con el monarca el 26 de marzo de 1981, en la que el rey le comentó sus impresiones acerca del frustrado golpe de estado.

Según el documento del entonces embajador, el rey le aseguró que “los cabecillas sólo pretendían lo que todos deseábamos, concretamente la reinstauración de la disciplina, el orden, la seguridad y la tranquilidad”.

Fuentes de la Casa del Rey en Madrid han manifestado hoy a este respecto que “el papel y la actuación del rey el 23-F están ya consolidados por la historia, y el modo decidido y determinante como actuó en defensa de la democracia es conocido por toda la sociedad española y en todo el mundo”.

Los militares “sólo pretendían lo mejor”

El informe citado por la revista señala que el rey manifestó a Lahn que la responsabilidad última del intento de golpe de estado no fue de sus cabecillas, sino del entonces presidente del Gobierno español, Adolfo Suárez, a quien reprochaba “despreciar” a los militares.

Isabel Martínez es una administrativa de 33 años de Paiporta, un pueblo de Valencia. Llevaba una vida tranquila hasta que, hace unos meses, recibió una llamada de Gátova (Castellón), de donde proviene su familia. Se enteró, de repente, de que, siete décadas atrás, su abuelo paterno había sido político, de izquierdas y republicano. Que había sido fusilado tras un juicio que fue una farsa y enterrado junto a otros tres hombres en una fosa común, a un metro de la tapia en la que le volaron la cabeza. De golpe, Isabel se enteró de que, tras el normal e inocente “Martínez” que acompaña su nombre, hay toda una historia de política, guerra y sufrimiento del hombre del que heredó el apellido.

Seis meses después de esa llamada, Isabel tenía ayer en su casa un pequeño ataúd. Dentro, estaba el cráneo agujereado por las balas y el resto de huesos de Bernardino Martínez Morelló, ese abuelo olvidado. Después de 73 años enterrados, los restos han sido rescatados gracias a la Ley de Memoria Histórica. Ayer por la mañana, la nieta de Bernardino, junto a los familiares de otros tres políticos que fueron asesinados junto a él, acudieron a Segorbe (Castellón), donde recogieron los cadáveres. Los cuerpos han sido exhumados, identificados y colocados en ataúdes por un equipo forense después de la larga tramitación que exige la ley. Los fusilamientos tuvieron lugar el 2 de noviembre de 1939, cuatro meses después del fin de la guerra.

El acto de ayer estuvo marcado por la coincidencia en el tiempo con el juicio a Baltasar Garzón. Desbordada por las preguntas de la prensa al respecto, Isabel prefirió no hablar del asunto: “Me reservo mi opinión”. Después, contó la historia de su familia. Una narra-ción que ayudó a entender por qué la nieta de un concejal asesinado por las tropas golpistas prefiere no opinar sobre el acoso al magistrado que intentó que historias como la de su abuelo fueran investigadas por la Justicia española.

Isabel narró cómo, tras la ejecución, su abuela, la viuda de Bernardino, tomó de la mano a sus tres hijos y se fue del pueblo. Emigró a Valencia. Y se murió “sin hablar nunca de su marido”. Lo mismo hizo su hijo pequeño, el padre de Isabel, que durante toda su vida mostró un desapego rallando en la urticaria hacia la política. “Su frase era la política es para quienes comen de ella”, recordó ayer su hija.

El resultado es que ni ella ni su familia tenían ni la más remota idea de la historia de su abuelo. Ignoraban que fue concejal de Gátova y afiliado a Izquierda Republicana. Que fue capturado por las tropas golpistas. Y que los tres hombres con los que compartió el paredón y la fosa común eran el alcalde del mismo pueblo, otro edil y el alcalde de Teresa, otra localidad cercana. Que todos “fueron asesinados por ser cargos públicos republicanos tras un juicio que fue una farsa”, en palabras de Matías Alonso, coordinador del Grupo para la Memoria Histórica de Valencia, la organización que ha ayudado a los familiares a recuperar los restos.

El terror de la abuela de Isabel dio paso a una amnesia generalizada en su familia. Y a la costumbre de vivir ajenos a la participación en la gestión pública que tan cara había costado al abuelo. “Mi familia me enseñó a reservarme mis ideas y a no mezclar la política con otros temas”, explicó.

Isabel fue, sin embargo, la única que no habló ayer de Garzón. El recuerdo del juez, que a esa misma hora afrontaba su juicio en el Tribunal Supremo, protagonizó casi todas las preguntas y salpicó todos los discursos. “Intentó que familiares como vosotros no tuvieran que pasar por trámites burocráticos y que el Estado asumiera las búsquedas (de los desaparecidos)”, dijo Alon-so. Su imagen, sentado en un banquillo rodeado de togas y del ritual propio de la justicia, contrastaba con la del acto de entrega de los restos de los fusilados. Por la oposición de una de las familias, no hubo un ritual de despedida común a todos, ni se permitieron las banderas republicanas.

Los familiares recogieron los pequeños ataúdes en la capilla del cementerio, rodeados de flores de plástico llenas de polvo, bidones vacíos y esqui-vando una moto aparcada junto al altar. El alcalde de la localidad, del PP, ni siquiera acudió. Alegó que no había sido formalmente invitado.

La ceremonia se limitó a unos discursos breves y emocionados en el mismo lugar donde se produjo la ejecución: en un muro que en la época separaba dos huertos anexos al cementerio de Segorbe. Uno de los familiares tomó la palabra para agradecer a “todos los que han hecho posible” la recuperación de los restos de los ejecutados, que en las próximas semanas serán enterrados en las respectivas sepulturas familiarse. El actual alcalde de Gátova, el socialista Leopoldo Romero, agradeció al borde del llanto que la “democracia” haya permitido recuperar los restos de su antecesor en el cargo.

La misma democracia que, sin embargo, no logró despertar a la familia de Isabel de su letargo. Por la tarde, la nieta se dedicó a leer el dossier que el forense le había dado sobre el juicio que le costó la vida a su abuelo. Llegó, poco a poco, a una conclusión: “Creo que de estas cosas se tendría que hablar más en las escuelas”. Cerca de ella, el ataúd de Bernardino Martínez esperaba, por fin, una digna sepultura.

http://www.publico.es/espana/420123/la-amnesia-de-isabel

Tras no llegar a ningún acuerdo con la empresa en la mediación del día 20 de enero, el comité de empresa de la plataforma de cita previa del dni ha convocado a l@s trabajadores/as a un paro de 24 horas

(Cuenca, 20 enero 2012).Tras la mediación sin acuerdo realizada en la mañana de hoy donde la empresa se a negado a aceptar la propuesta realizada por los mediadores del jurado arbitral de Castilla-la Mancha, el comité de empresa de SERVINFORM que realiza el servicio de cita previa del dni para todo el estado español, ha decidido convocar un paro de 24 h en este servicio para el día 26 de enero de 2012.

Los representantes de los trabajadores nos hemos visto forzados a actuar de esta manera tras contemplar la actitud poco negociadora de la empresa, que se ha negado con rotundidad a llegar a cualquier tipo de acuerdo.

No estamos dispuestos a seguir aceptando despidos ni a que siga sin aclararse el futuro de nuestro servicio, la empresa nos ha demostrado sobradamente esta mañana que no tiene intención de negociar, aun así permaneceremos atentos hasta el  día 26 por si llegara alguna propuesta aceptable por parte de SERVINFORM.

Mientras tanto nuestra postura es clara y contundente pues contamos con el apoyo de nuestros compañer@s que lo decidieron libremente en asamblea.

Por la readmisión de los despedid@s y por el futuro de nuestro servicio. !!

Comité de empresa  plataforma cita previa del dni,  SERVINFORM Cuenca

Se ha convocado a una mediación este viernes 20 de enero a la empresa Servinform responsable del servicio, así como también a la empresa pública RED.es como cliente del mismo, para intentar solucionar las demandas de los trabajadores del centro y aclarar el futuro de la plataforma

El comité de empresa de la plataforma de cita previa del DNI, tras consultar a los trabajadores/as de la plataforma en una asamblea extraordinaria decidieron convocar una huelga general en la empresa si no se llegara a un acuerdo. En la asamblea de trabajadores se decidió por amplia mayoría, la propuesta del comité de empresa de llegar a hasta este extremo.

Se ha convocado a una mediación este viernes 20 de enero a la empresa Servinform responsable del servicio, así como también a la empresa pública RED.es como cliente del mismo, para intentar solucionar las demandas de los trabajadores/as del centro y aclarar el futuro de la plataforma.

En palabras del portavoz del comité Pedro Ortega “esta situación es insostenible y no nos ha quedado mas remedio que llegar hasta este extremo, no podíamos aceptar esta sangría de compañeros despedidos.” Por su parte la presidenta del comité Maribel Cerdan añadía”le hemos tendido la mano a la empresa mil veces y nunca hemos visto un gesto por su parte, así que la única solución que nos quedaba, era la convocatoria de huelga”.

Si tras la mediación de este próximo viernes no se llegara a un acuerdo con la empresa y no se atendieran las demandas de los trabajadores, el comité tiene previsto convocar una huelga para el próximo día 26 de enero.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) rompió ayer parcialmente el bloqueo del Congreso a casi cualquier cuestión parlamentaria que tenga a la monarquía como objeto de interés por parte de los diputados.

Cediendo a la constancia del republicano Joan Tardà, la Mesa de la Cámara aceptó tramitar 60 de las 100 preguntas que el diputado de ERC registró en diciembre de 2011, después de que la Casa del Rey diera cuenta del destino de la asignación pública que recibe.

Es la primera vez que el Parlamento admite trasladar al Gobierno cuestiones de esta índole, aunque su decisión conlleva también el veto a otras cuarenta preguntas que no han pasado el filtro de la Mesa, el órgano de gobierno de la Cámara, que tiene que calificar todas las iniciativas y donde están representados PP, PSOE y CiU.

Las tres formaciones actuaron por unanimidad, “atendiendo el criterio de los servicios jurídicos de la Cámara”, según explicaron a Público. Esa criba ha tumbado casi la mitad de las preguntas registradas la Mesa no detalló a ERC cuáles son basándose en un doble criterio. Bien porque, a su juicio, no encajan en las competencias del Gobierno, que es al que se plantean las cuestiones, o porque suponen una consulta “de índole estrictamente jurídica”, algo que prohíbe el Reglamento el Congreso.

Esa es la excusa formal que sostiene el veto del Congreso a buena parte de las preguntas planteadas por ERC. La formación republicana evitó ayer especular sobre cuáles son las cuestiones censuradas, a la espera de una comunicación oficial que esperan tener hoy sobre su mesa.

En cualquier caso, la invocación de la Mesa de la Cámara al Reglamento tumbaría, según fuentes parlamentarias consultadas, la pregunta de ERC que tiene por protagonista al duque de Palma, Iñaki Urdangarin. “¿Considera el Gobierno, ante la alarma social e indignación generadas y las derivaciones que puede suponer tal caso para el deterioro de la institución monárquica, necesario informar prontamente al Congreso de los Diputados sobre el caso de posible corrupción que afecta a un miembro de la Familia Real?”, plantea Tardà.

El diputado republicano tratará de replantear las cuestiones rechazadas por el Congreso hasta encontrar una formulación que permita que sean validadas y respondidas por el Ejecutivo.

Pese al veto parcial, Tardà consideró “un éxito” haber pasado la barrera impuesta hasta ahora por el Congreso, aunque admitió el “sinsabor de haber tardado tanto tiempo”. El plácet de la Cámara es un premio a la insistencia del diputado catalán. En 2007, el Congreso, presidido entonces por el socialista Manuel Marín, vetó una batería de preguntas prácticamente idéntica a la que, actualizada, ala Mesa de la Cámara aceptó ayer parcialmente. ERC llevó aquella negativa al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que aún no ha fallado al respecto.

Alconchel de la Estrella, celebra éste jueves a las 7,00h un pleno extraordinario para hablar del ATC.

Como cada Jueves  la Plataforma contra el Cementerio nuclear en Cuenca, se concentrará en diferentes puntos de la provicia.

Ésta semana además coincide con el pleno extraordinario que se va a realizar en Alconchel de la Estrella, donde se presentará una moción contra el ATC. El cementerio nuclear le pasó factura al PP costándole las elecciones. Alconchel es un pueblo vecino a Villar de Cañas que junto con Villarejo de Fuentes están haciendo frente a ésta instalación desde el Ayuntamiento y desde el principio, representado a muchos vecinos de la comarca. La comarca de la Mancha Alta, se concentrará en Alconchel apoyando a éste pueblo en su lucha contra el ATC.

Concentraciones cerradas a día de hoy:

- Cuenca capital: Plaza de España.

- Motilla del Palancar: Plaza del Riato.

- Tarancón: Plaza del Ayuntamiento.

- Cañizares: Plaza del Ayuntamiento.

- Alconchel de la Estrella: Plaza del Ayuntamiento.

“¡Es inocente!”. El juez Baltasar Garzón pudo escuchar a su llegada al Tribunal Supremo —a las 10.11 horas de hoy— este grito de apoyo por parte de las personas concentradas en la entrada. El juez encara el primer juicio que tiene pendiente en este tribunal por los presuntos delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales al ordenar la intervención de las conversaciones que los implicados en la trama Gürtel mantuvieron en prisión con sus letrados. (Pincha aquí para seguir en directo el juicio)

A su llegada al alto tribunal, medio centenar de personas, entre las que se encontraban Ian Gibson, Pilar Bardem y Gaspar Llamazares, arroparon al aún titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. Los concentrados le transmitieron mensajes de apoyo mientras se referían a uno de los acusadores particulares, el abogado y ex fiscal Ignacio Peláez, como “fascista”, “nazi” y “traidor“. También pudo escucharse “fuera fascistas del Tribunal Supremo”.

Garzón entró al tribunal tranquilo, sonriente y sin hacer declaraciones. Los concentrados seguían lanzando mensajes contra los que juzgan al juez: “Hay que juzgar al franquismo criminal”, “tenemos memoria, queremos justicia”, o “fuera fascistas del Tribunal Supremo”, la mayoría alusivos al segundo de los juicios que tienen pendiente el juez, por investigar el franquismo careciendo de competencia para ello.

Entre las pancartas que portaban las personas que acudieron a la puerta principal del Supremo, en la Plaza de la Villa de París, podía leerse “contra la impunidad, solidaridad con las víctimas del Supremo” y otra que señala “acallan al juez, mañana a tí” o “el delito es tapar delitos”.

Escrito ante el Supremo

Una vez que Garzón en el edificio del Tribunal Supremo, la actriz Pilar Bardem y un grupo de representantes de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo-Club de Amigos de la Unescoregistraron un escrito ante el Alto Tribunal en el que solicitan la “dimisión” de la Sala de lo Penal, la que juzga al juez. En el escrito sus autores reclaman “justicia democrática para el juez y para toda la ciudadanía española y verdad, justicia y memoria para todas las víctimas de la dictadura del general Franco”.

Aseguran, además, que los tres procedimientos que se siguen contra Garzón (escuchas deGürtel, memoria histórica y pagos en Nueva York) fueron iniciados por quienes “justifican crímenes de lesa humanidad que iban a ser investigados, se encuentran en cárceles por la más que presumible evidencia de que son autores de graves delitos de alcance imprevisible contra el bien general de la ciudadanía española”.

Tras recalcar que los querellantes son “instrumento de otros que, sin lugar a dudas, alcanzan a los poderes del Estado”, la plataforma de apoyo apunta que la Sala de lo Penal del Supremo tiene “perdida toda noción de Justicia e independencia” y aparece “confabulada al completo” para condenar al juez, ver así colmadas sus “envidias personales y mantener puestos obtenidos muchas veces al amparo del Gobierno”.

“Esta Sala podrá condenar o no al juez Baltasar Garzón pero es notoriamente previsible que, con su actuación, no hará sino profundizar en la grave crisis política en la que se encuentra sumida España; fortalecer los oscuros intereses de toda clase de corruptos (…) y consolidar el instrumento de la falacia y la mentira como forma habitual de mensaje a la ciudadanía”

Apoyo de jueces y fiscales

Garzón se enfrenta en este proceso a un máximo de 17 años de inhabilitación que solicitan las acusaciones particulares, mientras que la fiscal Pilar Fernández Valcarce no presenta acusación por no ver delito en su actuación.

Media hora antes de que comenzara el juicio se desplazaron desde la Audiencia Nacional casi una decena de jueces y fiscales de este tribunal para mostrar su apoyo al juez Garzón. Entre ellos se encontraban los magistrados de la Sala de lo Penal José Ricardo de Prada, Ramón Sáez, Javier Martínez Lázaro y Clara Bayarri; los jueces instructores Santiago Pedraz y Fernando Andreu y la fiscal Dolores Delgado.

Uno de los concentrados, que son miembros de la plataforma Solidarios con Garzón, llevaba una bufanda con los colores dela bandera republicana, mientras que otros portaban fotografías de desaparecidos durante la dictadra.

La Sala que juzgará a Garzón, que se encuentra suspendido cautelarmente en sus funciones desde mayo de 2010, está presidida por el magistrado Joaquín Giménez, y completan el tribunal Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Manuel Marchena.

http://www.publico.es/espana/417316/fuera-fascistas-del-tribunal-supremo